UPYD MUESTRA SU APOYO AL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Escrito por UPyD el 31-05-2012 a las 13:30
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Para UPyD, el Gobierno pretende cargarse el modelo de universidades públicas en nombre del déficit.

Se está pidiendo sacrificios a las familias con rentas más bajas, en vez de recortar o eliminar gastos superfluos.

MANUEL PEREZ FABRA, COORDINADOR LOCAL DE UPyD EN CÁDIZ, INFORMA:
El Consejo Local de Cádiz de UPyD muestra su apoyo a la postura aprobada por el Claustro de la Universidad de Cádiz en la que expresaba su más rotundo rechazo al Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, "que se ha elaborado al margen de la comunidad universitaria y de la sociedad, acompañado de una injusta campaña de desprestigio de alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador, y cuyo contenido afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y atenta al derecho a la autonomía universitaria contemplado en nuestra Constitución".
Para UPyD, antes de recortar en becas en el ámbito educativo o subir desproporcionadamente las tasas, se deberían eliminar gastos superfluos que no aportan nada a la ciudadanía. No se pueden pedir sacrificios a las familias con las rentas más bajas, por ser los que más sufren la crisis y a los que menos se les debe exigir.
Ya en el debate del pleno del Congreso del pasado 17 de mayo, el grupo parlamentario de UPyD, a través de su diputado Carlos Martínez Gorriarán, afirmó que el Gobierno pretende cargarse el modelo de universidades públicas en nombre del déficit. Se cuela por la vía de urgencia unas medidas en contra del funcionamiento ordinario de las universidades españolas asaltando la autonomía universitaria y al sentido común.
Otro de los elementos de las medidas criticados por UPyD es la regulación del acceso a la docencia o investigación que se aplica exclusivamente con criterios “chusqueros” de veteranía. Para UPyD el Real Decreto Ley es una norma lamentable y estrambótica.
UPYD también apuesta por un Pacto de Estado por la Educación que posibilitaría la estabilidad, durante dos décadas, de la legislación educativa que se adopte en el mismo y que iría acompañado de una nueva Ley de Financiación de la Enseñanza que asegurar el reparto de los medios humanos y materiales para la correcta puesta a punto del sistema.

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