Vivienda denuncia la “deslealtad” del Ayuntamiento de Cádiz al retrasar una vez más la obra de Matadero

Escrito por Junta Andalucía el 07-02-2010 a las 07:37
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La delegada provincial exige al gobierno municipal que aclaré de una vez el gasto de cuatro millones en realojos


La Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de Cádiz ve en la declaración de caducidad de la licencia de obras para 102 viviendas protegidas en Matadero “una muestra más de la deslealtad” del Ayuntamiento de Cádiz hacia la Junta de Andalucía.
La delegada provincia, Silvia López, indica que con este paso el gobierno local “retrasa una vez más” las obras de esta promoción de pisos de realojo, puesto que la decisión municipal obliga a volver a presentar un proyecto ante el Ayuntamiento. De esta forma, la reanu-dación de las obras quedará supeditada a la concesión de un permiso por parte de un equipo de gobierno que ha demostrado sobradamente su reiterada voluntad de entorpecer todo lo posible la labor de la Delegación Provincial y de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Recuerda López que ese afán por retrasar las obras ya quedó pa-tente desde que se realizó la cesión del suelo del Matadero: el Ayun-tamiento, que se había comprometido a entregar los terrenos libres de cargas, los cedió a la Junta de Andalucía a sabiendas de que allí tenían alojamiento dos caballos, porque él mismo había dado permiso anteriormente para su estancia. El Ayuntamiento de Cádiz no cumplió su compromiso y dejó a la Junta con un problema que se tardó en solucionar todo un año y obligó al pago de una indemnización.
La estrategia municipal pasa por poner obstáculos a las obras y después lamentar que éstas se atrasan. Si no, ¿qué sentido tiene dar por caducada una obra cuya finalización está a punto de salir a concurso?, argumenta la delegada.
Asimismo, a la Delegación Provincial de Vivienda le caben mu-chas dudas sobre la claridad legal con la que se ha realizado el procedimiento de caducidad. El mismo teniente de alcaldesa delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernández, reconocía que habían enviado el preaviso de caducidad a la empresa DHO, cuando al Ayuntamiento le consta que el contrato para las obras de Matadero se le había rescindido a esta empresa en el mes de junio. El mismo gobierno local envió una carta el 15 de julio de 2009 en la que se interesa por la obra y habla de la rescisión por parte del Consejo Consultivo, que se había producido días antes.
El Ayuntamiento, a la hora de declarar esa caducidad, no se dirige pues a quien pidió la licencia de obras, sino a una empresa constructora que no tiene desde hace meses ninguna relación con la administración andaluza y que, además, fue declarada en Concurso Voluntario de Acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid el día 4 de marzo del año pasado.
Ninguna notificación sobre esta caducidad ha llegado ni a la Delegación Provincial ni a la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico, lo que hace cuestionar la legalidad de un proceso que, por otra parte, el Ayuntamiento “hace por su propia voluntad, o más bien por su propia mala voluntad”, indica López. Ninguna normativa obliga a los municipios a declarar caducidades de licencias de obra, y carece de lógica hacerlo cuando hay un motivo razonado e imputable a terceros, como es la quiebra de una empresa. El Ayuntamiento de Cádiz, como Administración Pública que es, conoce perfectamente que la rescisión de un contrato y la preparación de otro requiere de trámites que conllevan plazos de obligado cumplimiento.
Silvia López exige al Ayuntamiento que aclare de una vez cómo ha gastado esos cuatro famosos millones de euros en realojos. Las 102 viviendas serán cedidas al Ayuntamiento de Cádiz, pero mientras los vecinos que vayan allí están en sus casas. Mientras, la Junta sí se ha hecho cargo de las doce familias que vivían en las casas prefabricadas de los terrenos de Matadero, 18 familias cuyo realojo ha costado, sólo en el mes de enero, 10.207,99 euros, y en total 350.331,34 euros. A este gasto se suma el pago de la indemnización al propietario de los caballos, de 42.070,85 euros. Es decir, la Junta de Andalucía, tras hacerse cargo de los realojos de los residentes en los terrenos y de indemnizar a un particular, no ha llegado a gastar por este concepto ni 400.000 euros. “¿Cómo ha logrado el Ayuntamiento gastar cuatro millones? ¿En el realojo de quién?”, pregunta la delegada.
López pide al gobierno local que no se preocupe tanto por ese su-puesto dinero que ha gastado, pues lo recuperará “con creces” cuando traslade a las nuevas casas de Matadero a inquilinos municipales y reconstruya sus antiguas viviendas para venderlas como de renta libre tras unos años de alquiler porque esto es, “al fin y al cabo, en lo que se ha quedado su política de pisos para jóvenes”. Critica además que no se esté dando la opción a los inquilinos a quedarse en sus casas o, al menos, en el casco histórico.
Tras rebatir, uno por uno, los argumentos municipales, la dele-gada explica que el “auténtico problema” del Ayuntamiento de Cádiz ayer era que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, inauguraba el centro de salud de la Merced, un nuevo equi-pamiento en el que la Junta de Andalucía ha invertido casi dos millones de euros. La caducidad de la licencia de Matadero “es una indignidad con la que el gobierno local pretendía empañar esa buena noticia para todos los gaditanos, especialmente para los vecinos del barrio de Santa María y El Pópulo”.

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